Tras las inmunizaciones VIP que se descubrieron en las últimas semanas, el director para las Américas de la ONG, José Miguel Vivanco, exigió que los gobiernos de la región tomen medidas para evitar más abusos
Las vacunas contra el coronavirus escasean y en paralelo a las campañas oficiales de inmunización proliferan los escándalos: vacunados VIP, centros de inmunización secretos, funcionario públicos que mueven influencias para inocularse incluso antes de que comiencen las campañas oficiales, casos de triple dosis y hasta la infame falsa vacunación de ancianos.
Los últimos dos casos que salpican a funcionarios públicos en la región son los llamados “Vacunagates” de Argentina y Perú. En ambos casos, políticos y allegados al poder lograron inmunizarse fuera del protocolo y a escondidas.
Para el director ejecutivo para las Américas de la prestigiosa ONG Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, estos casos son un escándalo. “Según principios de DDHH, el orden de acceso a la vacuna debe ser trasparente y basarse en criterios de salud pública, no en afinidades ideológicas o cargos de gobierno”, afirmó.
Y exigió que las autoridades reaccionen: “Ante los escándalos en Perú y Argentina, los gobiernos de la región deben establecer salvaguardas para evitar más abusos”.
La bomba del “Vacuna VIP” peruano estalló hace 10 días y, en un principio, solo salpicó al destituido ex presidente Martín Vizcarra, pero posteriormente se extendió al actual gobierno transitorio. Sin embargo, fue el propio mandatario Sagasti quien -luego de pedir disculpas públicas- reveló que eran 487 los vacunados de forma irregular.
Según detallaron las autoridades, 122 funcionarios públicos figuran en el listado, 16 pertenecían al actual gobierno que ya fueron separados de sus cargos. Uno de ellos es el viceministro de Salud, Luis Suárez Ognio, quien se vacunó con seis familiares. También la canciller Elizabeth Astete y la titular de Salud, Pilar Mazzetti. Ambas renunciaron.
Las dos crisis tienen puntos en común, pero en Perú el Gobierno se ocupó de denunciar públicamente las identidades de los implicados. “Estoy indignado, furioso… me siento totalmente decepcionado”, dijo el presidente Francisco Sagasti.
Además, el Congreso estableció una comisión para determinar responsabilidades políticas, la fiscalía abrió una investigación contra los funcionarios y todos los que “resulten responsables” de la vacunación irregular. Abogados penalistas y juristas señalan que los principales implicados pueden ser condenados hasta a ocho años de prisión por delitos como negociación incompatible, concusión, cohecho y complicidad en corrupción de funcionarios.